El periódico ABC publicó ayer una columna de opinión escrita por José María Carrascal, denominado «Arde Estepa» y en el que el veterano periodista opina que «lo ocurrido en Estepa no es una anécdota; es un síntoma del estado de ánimo que empieza a reinar en España ante la desprotección que la ciudadanía sufre por parte de la delincuencia urbana.» A continuación, reproducimos el artículo íntegro.
ARDE ESTEPA. Por José María Carrascal.
«De Estepa sólo sabíamos que hacía los mejores polvorones de España y que Eugenio había hecho con ella uno de sus geniales chistes. Ahora salta a la actualidad porque los vecinos han asaltado cinco viviendas e incendiado dos, en las que, dicen, vivían los autores de los robos en casas, comercios y locales que vienen produciéndose allí últimamente. Sin que las doce patrullas de la guardia civil destacadas para evitar disturbios –pues habían sido anunciados– pudieran impedirlo.
Se trata de un fracaso no de las fuerzas de orden, sino del orden constitucional, por lo que creo merece la pena reseñarse para que los poderes públicos tomen nota. Según la más antigua y, sin embargo, todavía vigente, definición, el Estado de Derecho es aquél en el que el uso de la fuerza está restringido a las unidades encargadas de ejercerla, bajo las normas prescritas y la autoridad competente. El resto de la ciudadanía debe revolver sus litigios en los tribunales. Si los particulares pasan a tomarse la justicia por su mano estamos ante una quiebra de ese Estado de Derecho, ya por una dejación de deberes por parte de los tribunales, ya porque las fuerzas de orden público no están cumpliendo con los suyos. Que es lo que, al parecer, ha ocurrido en Estepa, donde los vecinos estaban hartos de ser robados por sus vecinos en las casas incendiadas, habiendo, al parecer, fotos de los alegados robos y ladrones en plena comisión del delito, sin que sus protestas hubieran servido de nada.
No voy a buscar un culpable específico ya que la experiencia me advierte que las culpas están muy repartidas. En primer lugar, una justicia demasiado lenitiva con los llamados «pequeños delitos», los que no suben de unos pocos cientos de euros. Pero unos pocos cientos de euros puede ser mucho dinero para un trabajador o para alguien en paro. Y no digo nada si la reincidencia se hace endémica, como está ocurriendo en España, cuando en países mucho más democráticos es un agravante que puede llevar incluso a la cadena perpetua, si sobrepasa límites que la convierten en amenaza pública.
Pero de tal lasitud no tienen la culpa los jueces –aunque algunos tienden a ella por motivos ideológicos– sino los legisladores, que desde sus cómodos sillones y en el fortín acorazado de sus privilegios, se dedican a practicar un buenismo de salón que se transforma en malismo para el ciudadano de a pie, que paga sus impuestos y tiene derecho a ser defendido. En cuanto a las fuerzas de orden público, ¿qué puede esperarse de ellas si ven cómo el «caco» que acaban de detener sale de la comisaría antes de que haya acabado el atestado?
Lo ocurrido en Estepa no es una anécdota. Es un síntoma del estado de ánimo que empieza a reinar en España ante la desprotección que la ciudadanía sufre por parte de la delincuencia urbana. No olviden los poderes públicos que la paciencia del amo o ama de casa es la que más deben temer si no cumplen el primero de sus deberes como autoridades que son, a saber: proteger su seguridad personal y sus bienes, sean muchos o pocos.»