El parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, declaró ayer martes ante el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que investiga su presunta participación en el asalto a un supermercado de Écija el 7 agosto de 2012, que él no participó en estos hechos porque «no llegó a estar» en el interior del establecimiento pues «llegó tarde», informó ayer la agencia de noticias Europa Press.
Sánchez Gordillo también fue citado a declarar ayer martes por los hechos que se investigan respecto a una supuesta desviación de fondos municipales del Ayuntamiento que preside para pagar el transporte a unos particulares a fin de que participaran en actos del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), aunque en este caso se ha acogido a su derecho a no declarar.
Este último asunto fue denunciado por un concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Marinaleda ante la Fiscalía, que presentó a su vez una denuncia ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, donde ha sido citado a declarar Sánchez Gordillo por su condición de aforado. Posteriormente, se personó como acusación particular en la causa el sindicato Manos Limpias.
Por su parte, en la causa abierta sobre la sustracción de alimentos en el supermercado hay imputadas, además de Sánchez Gordillo, otras veinte personas más, de las cuales 19 ya han declarado ante el Juzgado de Écija que ha llevado la causa hasta el momento, mientras que otra persona está en busca y captura tras no prestar declaración, según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
A las puertas del TJSA, con sede en Granada, Sánchez Gordillo señaló a los periodistas que «ninguno de los dos casos tiene mucho sentido», puesto que, en lo referente al asalto del supermercado de Écija él no llegó a entrar y se quedó a unos metros de la puerta del establecimiento.
Respecto al segundo caso, el alcalde de Marinaleda defendió que este municipio «es conocido por su acción pública» y por tanto «ponemos todos los medios al servicio de los ciudadanos, pero desde luego no al servicio de ningún sindicato en particular», motivos todos ellos por los que se ha acogido a su derecho a no declarar.
«Nuestra firmeza se va a mantener ahí y nos vamos a mantener en la misma dirección que estamos, luchando desde la no violencia activa por conseguir que haya un poco de justicia y que se respeten los derechos humanos», ha subrayado Sánchez Gordillo, que ha estado acompañado a la puerta del Alto Tribunal Andaluz por el secretario general del SAT, Diego Cañamero.
A juicio de este último, estas causas lo que buscan es «la inhabilitación» de Sánchez Gordillo porque «no quieren que siga como alcalde ni como parlamentario» por ser «disidente», porque «protesta y no solamente utiliza las calles sino también las instituciones para llevar el mensaje del pueblo». «Esperamos que los jueces y fiscales no atiendan tanto las llamadas políticas» para que «acusen a este sindicato» porque «no es normal que nos pidan 300 años de cárcel y tengamos 800 imputados», ha señalado Cañamero en relación a las distintas causas existentes, al tiempo que ha acusado al Gobierno de «intentar acallar las voces de los que estamos luchando contra la injusticia».