Sánchez Gordillo declara hoy ante el juez por la ocupación de la finca Las Turquillas

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha citado hoy jueves a declarar como imputado por un presunto delito de usurpación al parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, por la ocupación el pasado verano de la finca Las Turquillas en Osuna, donde se ubica la Yeguada Militar del ejército, ha informado Europa Press.

En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que ha sido el magistrado del Alto Tribunal andaluz Jerónimo Garvín el encargado de abrir las diligencias por dicho presunto delito de usurpación contra el parlamentario de IU, cuya declaración se mantiene para hoy jueves, a partir de las 11 horas, a pesar de coincidir con la celebración del pleno del Parlamento de Andalucía.

En declaraciones a Europa Press, Sánchez Gordillo ha dicho estar «totalmente tranquilo», pues «la imputación es por la ocupación de una finca, que es lo que venimos haciendo siempre, una ocupación pacífica, sin ningún problema».

Coincidiendo con su declaración, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha convocado una concentración «de solidaridad» frente a la sede del TSJA, a partir de las 10 horas, ya que «como tantas veces que militantes de este sindicato han ido a los banquillos, se trata de otro juicio político, en el que se castiga la lucidez popular y la rebeldía, valores que para muchos hoy están representados en la figura de Juan Manuel».

La causa contra Sánchez Gordillo y otros 53 militantes y simpatizantes del SAT, entre los que se encuentra su secretario general, Diego Cañamero, la llevaba el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Osuna, pero éste se ha inhibido en favor del TSJA dada la condición de aforado del alcalde de Marinaleda.

Los 53 militantes del SAT denunciados, junto al parlamentario de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo, ocuparon la finca de Las Turquillas el 24 de julio de 2012 y permanecieron allí durante 18 días, hasta que fueron desalojados del lugar por la Guardia Civil.

La finca, del Ministerio de Defensa, tiene 1.200 hectáreas, la inmensa mayoría en baldío, según el SAT, dado que el Ejército sólo utiliza 20 hectáreas para la Yeguada. Por ello, el sindicato pidió que «las tierras públicas pasen a concurso para que las cooperativas las puedan adquirir ahora que están en desuso».